Operación Cobra 2.0-A incluyó 37 allanamientos en cinco zonas del país; las autoridades investigan presuntas maniobras fraudulentas contra la aseguradora estatal.
SANTO DOMINGO.– El Ministerio Público ejecutó una nueva fase de las investigaciones sobre el presunto fraude cometido contra el Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), con el arresto de 28 personas y la realización de 37 allanamientos en distintos puntos del territorio nacional, en una operación que amplía el alcance de las pesquisas hacia médicos, exempleados y otros actores vinculados al sector sanitario.
La jornada, desarrollada el viernes 18 de septiembre bajo la denominación Operación Cobra 2.0-A, fue confirmada por el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, como parte de las actuaciones dirigidas a esclarecer un supuesto entramado de corrupción que habría afectado a la principal administradora de riesgos de salud pública de la República Dominicana.
Los operativos se realizaron en el Distrito Nacional, la provincia Santo Domingo, Santiago, La Vega y el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, con la participación de 45 fiscales, 200 agentes de la Policía Nacional y 16 integrantes de la Unidad de Investigaciones Criminales, además de personal de la Dirección Nacional de Investigaciones.
Durante las diligencias, las autoridades informaron sobre la ocupación de dinero en efectivo, vehículos, armas de fuego y otros bienes, como parte de las acciones investigativas destinadas a reunir evidencias y establecer las posibles responsabilidades de las personas vinculadas al expediente.
Una investigación que amplía su alcance
Uno de los elementos centrales de esta nueva etapa es que las investigaciones no se limitan a los antiguos responsables administrativos de SeNaSa, sino que también se dirigen hacia profesionales de la medicina y otros prestadores de servicios de salud que, según el órgano persecutor, habrían participado en operaciones fraudulentas contra la institución.
La ampliación del expediente busca esclarecer cómo habrían funcionado las relaciones entre determinados actores del sistema sanitario y la aseguradora estatal, así como identificar las operaciones que presuntamente permitieron la utilización irregular de recursos públicos.
El Ministerio Público sostiene que el esquema investigado habría operado mediante diferentes mecanismos, entre ellos presuntos sobornos, alteración de estados financieros y utilización de programas especiales sin sustento jurídico para distraer fondos.
Las autoridades también han señalado prácticas relacionadas con facturaciones presuntamente irregulares, cobros por servicios y medicamentos que no habrían sido suministrados y utilización de documentos falsos.
No obstante, la participación concreta de cada uno de los 28 arrestados deberá establecerse mediante las evidencias recopiladas y las imputaciones individualizadas que presente el órgano acusador.
Recursos públicos y protección de los afiliados
El caso adquiere especial relevancia por la función que desempeña SeNaSa dentro del sistema dominicano de seguridad social, al administrar cobertura de salud para millones de afiliados.
Las presuntas irregularidades investigadas plantean interrogantes sobre los controles administrativos, la supervisión de las facturaciones, los mecanismos de contratación y la verificación de los servicios prestados a los asegurados.
En ese contexto, el esclarecimiento de los hechos resulta relevante no solamente desde la perspectiva penal, sino también para determinar qué mecanismos de control deben fortalecerse a fin de proteger los recursos destinados a la atención sanitaria.
El Ministerio Público sostiene que las actuaciones investigadas habrían provocado perjuicios económicos al Estado y afectado a los afiliados de la aseguradora pública.
Sin embargo, la cuantificación definitiva de los daños, la identificación de las operaciones cuestionadas y la determinación de las responsabilidades individuales corresponden a las autoridades competentes y, en última instancia, a los tribunales.
Antecedentes de la Operación Cobra
La nueva fase tiene como antecedente la primera Operación Cobra, que llevó al sometimiento judicial de Santiago Hazim, exdirector ejecutivo de SeNaSa, y de otras personas señaladas por el Ministerio Público dentro de la investigación.
En ese expediente, el órgano acusador ha descrito presuntas prácticas de corrupción administrativa y desvío de recursos públicos, atribuyendo a los procesados delitos como asociación de malhechores, soborno, estafa contra el Estado, desfalco, falsificación y lavado de activos.
La investigación también tiene entre sus antecedentes la Operación Onco14, desarrollada en junio de 2026, relacionada con presuntas irregularidades que habrían afectado al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, al Instituto Oncológico Regional del Cibao y a SeNaSa.
En ese caso fueron arrestadas tres personas, mientras las autoridades investigaban posibles maniobras vinculadas a servicios médicos, medicamentos y operaciones financieras.
Estas líneas investigativas forman parte de un conjunto de actuaciones que buscan determinar el alcance de las presuntas irregularidades y establecer los vínculos entre las personas y entidades señaladas.
El proceso judicial y las responsabilidades individuales
Tras los arrestos de la Operación Cobra 2.0-A, uno de los aspectos pendientes es conocer la relación específica que el Ministerio Público atribuye a cada detenido con las operaciones investigadas.
También será necesario precisar los cargos que se presentarán, las evidencias que sustentan las imputaciones y las medidas de coerción que eventualmente solicite el órgano persecutor.
La existencia de una investigación o el arresto de una persona no constituyen por sí mismos una declaración de culpabilidad. Cada imputado tiene derecho a la presunción de inocencia, a la defensa y a un proceso judicial conforme a las garantías establecidas por la Constitución y las leyes.
Una nueva etapa para esclarecer el caso SeNaSa
Con la ejecución de 37 allanamientos y el arresto de 28 personas, la Operación Cobra 2.0-A representa una ampliación de las investigaciones sobre el presunto fraude contra la aseguradora estatal.
El desarrollo del proceso permitirá conocer con mayor precisión el alcance económico de las operaciones bajo investigación, la participación de los distintos actores y las posibles responsabilidades penales que puedan ser demostradas ante los tribunales.
Mientras avanzan las diligencias, el caso mantiene en el centro del debate público la transparencia en el manejo de los recursos sanitarios, la supervisión de los prestadores de servicios y la protección de los fondos destinados a garantizar la salud de los afiliados.
La evolución de esta investigación será determinante para conocer qué ocurrió, quiénes participaron y qué consecuencias judiciales podrían derivarse de los hechos que el Ministerio Público mantiene bajo investigación.