El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), presidido por el presidente Luis Abinader, juramentó este martes a Justiniano Montero Montero como nuevo presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), junto a seis nuevos jueces y cuatro magistrados ratificados en sus funciones, luego de concluir el proceso de evaluación y selección de los integrantes del alto tribunal.
El jefe de Estado estuvo acompañado por la vicepresidenta de la República, Raquel Peña; el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, y el ministro de Justicia, Antoliano Peralta.
La ceremonia se celebró en el Salón Embajadores del Palacio Nacional, donde Montero Montero asumió la presidencia del máximo tribunal del Poder Judicial dominicano, en sustitución de Luis Henry Molina, luego de ser escogido por unanimidad por los miembros del CNM.
Jueces juramentados
Los seis nuevos magistrados juramentados son Julio César Emilio Canó Alfau, Antonia Josefina Grullón Blandino, Amauris Antonio Pimentel Fabiano, Arelis Socorro Ricourt Gómez, Diomede Ydelfo Villalona Guerrero e Ylona María de la Rocha Camilo.
También fueron juramentados los cuatro magistrados ratificados en sus funciones: Samuel Amaury Arias Arzeno, Anselmo Alejandro Bello Ferreras, Fran Euclides Soto Sánchez y Rafael Vásquez Goico.
Resumen diario de noticias
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Diomede Ydelfo Villalona Guerrero fue designado primer sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia, mientras que Arelis Socorro Ricourt Gómez ocupará la posición de segunda sustituta.
Los magistrados prestaron juramento ante el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), comprometiéndose a cumplir cabal y honradamente las funciones que la Constitución y las leyes ponen a su cargo.
La selección estuvo precedida por un proceso de evaluación de las trayectorias profesionales, los méritos, las capacidades y las competencias de los aspirantes, conforme a las atribuciones establecidas en el artículo 180 de la Constitución dominicana.
Presentan escogencia ante las Naciones Unidas
La designación de Justiniano Montero Montero también fue presentada ante las Naciones Unidas por el coordinador del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público (ERPP), Manuel Conde, quien la calificó como un hecho histórico que fortalece la independencia del Poder Judicial y la seguridad jurídica de la República Dominicana.
Conde hizo esta valoración durante una sesión sobre recuperación de activos y cooperación internacional, en el marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción (Uncac), donde destacó que Montero fue escogido por unanimidad por el Consejo Nacional de la Magistratura.
El jurista señaló que Montero es el primer magistrado proveniente de la carrera judicial en presidir la Suprema Corte de Justicia desde la implementación del actual sistema de selección, en 2001.
Conde presentó esta designación como la primera de seis buenas prácticas dominicanas en materia de recuperación de activos y explicó que la independencia de los órganos encargados de investigar y juzgar los casos de corrupción es fundamental para que los procesos puedan traducirse en la recuperación efectiva de los recursos públicos.
En ese contexto, también resaltó la reforma constitucional de 2024, que atribuyó al Consejo Nacional de la Magistratura la designación del procurador general de la República a propuesta del presidente, así como la escogencia de Yeni Berenice Reynoso, proveniente de la carrera del Ministerio Público.
Al exponer los resultados del Equipo de Recuperación del Patrimonio Público, Conde informó que las acciones del Estado como querellante y actor civil han permitido recuperar más de RD$165,000 millones.
Entre las prácticas presentadas, destacó la coordinación entre la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig), la Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República para fortalecer la prevención, la investigación y la persecución de la corrupción.
Señaló que la Digeig, dirigida por Milagros Ortiz Bosch, articula el trabajo de 191 comisiones y oficiales de integridad en distintas entidades públicas.
El representante dominicano también expuso los acuerdos de devolución de recursos bajo control judicial, la aplicación de la extinción de dominio y la administración especializada de bienes incautados. Además, se refirió a la actualización de los códigos Penal y Procesal Penal como parte de los esfuerzos para fortalecer las herramientas legales del Estado frente a la corrupción.
Conde señaló que el país todavía enfrenta desafíos para lograr sentencias definitivas, ejecutar esas decisiones y recuperar activos que se encuentran en otras jurisdicciones.
En ese sentido, planteó la necesidad de fortalecer la asistencia judicial internacional y los mecanismos para que otros países reconozcan las decisiones dominicanas sobre decomiso, indemnización civil a favor del Estado y extinción de dominio.
La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental coordinó la participación dominicana por iniciativa de su titular, Milagros Ortiz Bosch. El Ministerio de Relaciones Exteriores acreditó a la delegación, encabezada por la embajadora Gilka Meléndez e integrada por Manuel Conde y Mario José Gallego Cosme, primer secretario de la Misión Permanente de la República Dominicana en Viena.
Durante su intervención, Conde defendió la recuperación del patrimonio público como una política de Estado y destacó la importancia de que los recursos sustraídos al país vuelvan a ponerse al servicio de la ciudadanía.
Integrantes del Consejo Nacional de la Magistratura
El Consejo Nacional de la Magistratura está integrado, además del presidente Luis Abinader, quien lo preside, por el presidente del Senado de la República, Ricardo de los Santos; el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco; el presidente saliente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; el presidente del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; la magistrada Nancy Salcedo Fernández; el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.