El movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana (PC) llamó este lunes a los actores económicos, al gobierno y al sistema de partidos, agrupaciones y movimientos políticos del país, para evitar que personas y recursos vinculados al narcotráfico se inserten en la economía y la actividad política de la República Dominicana.
La advertencia surge a raíz de recientes informaciones que relacionan a figuras del empresariado, con vínculos políticos, principalmente con el Partido Revolucionario Moderno (PRM), con actividades de narcotráfico y lavado de activos.
PC destacó que estas situaciones han generado preocupación en la sociedad sobre la eficacia de los mecanismos de control del Estado, incluidos los organismos especializados de supervisión y los sujetos obligados financieros y no financieros, en el marco de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El organismo también instó a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos a fortalecer sus controles internos en los procesos de afiliación y en la recepción de financiamiento privado, directo o indirecto, para evitar la penetración de recursos provenientes de actividades ilícitas.
Asimismo, reiteró que los partidos y candidatos deben ser considerados sujetos obligados no financieros, lo que implicaría la obligación de realizar debidas diligencias sobre el origen de los fondos que reciban para sus campañas electorales.
En relación al PRM, PC reconoció que el partido ha emitido comunicados desligándose de los actos ilícitos de sus miembros, pero advirtió que tiene responsabilidad en permitir el acceso a sus filas y al financiamiento de sus actividades político-electorales.
El movimiento citó varios casos de exlegisladores y funcionarios del PRM que han sido condenados o solicitados en extradición por vínculos con narcotráfico y lavado de activos, incluyendo a Miguel Gutiérrez, Rosa Amalia Pilarte, Nelson Marmolejos Gil, Faustina Guerrero, Héctor Félix y Edickson Herrera.
Participación Ciudadana solicitó al Comité Nacional contra el Lavado de Activos, integrado por el Presidente del Consejo Nacional de Drogas, la Procuradora General de la República, el Ministro de Hacienda, la Superintendencia de Bancos y la Dirección Nacional de Control de Drogas, que clasifique a los partidos, agrupaciones, movimientos políticos y candidatos como sujetos obligados no financieros, aplicando todas las disposiciones que establece la ley.